ARTÍCULO ¿Colombia intoxicada?
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¿Colombia intoxicada?
El manejo inadecuado de medicamentos vencidos y posconsumo en Colombia causó 99.613 intoxicados en menos de una década y 29 muertes, solo en 2017. Aunque hay importantes avances y logros, algunas empresas encargadas del reciclaje le estarían haciendo trampa a los colombianos.
Bogotá, febrero de 2024.- En el mundo del activismo es usual encontrar colectivos que luchan por causas ambientales, de animales o contra la explotación de recursos naturales. Pocas veces, las que protegen la salud pública de manera directa. Entre la amalgama de veedurías ciudadanas, hay mosqueteros que luchan por descontaminar los ríos de toneladas de mercurio, la tala indiscriminada de árboles o la protección de especies en vía de extinción. Incluso, existe activismo en torno a las mascotas.
Pero, ¿quién nos protege de los residuos o desechos peligrosos? Los colombianos conviven con un flagelo silencioso que amenaza la salud pública: los medicamentos vencidos o posconsumo, esos que normalmente se guardan por semanas, meses o años en botiquines o cajones de baños o cocinas pensado que se van a necesitar y que finalmente terminan en la basura porque se vencieron, sin saber del riesgo y daño que se pueden causar.
El problema es tan serio que, según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Salud en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) sobre Intoxicaciones por Sustancias Químicas Colombia, reveló que, entre 2007 y 2017 se registraron 99.600 intoxicaciones asociadas a medicamentos.
El informe también precisó que, solo en 2017, las intoxicaciones asociadas con medicamentos fueron de 13.372 casos y se presentaron 29 muertes. ¿Por qué el informe se concentra en esa década? Porque, justamente, en 2018 finalizaba el programa de políticas públicas tendiente a prevenir y reducir los riesgos de las intoxicaciones asociadas a residuos o desechos peligrosos.
Oficialmente, el programa arrancó en 2005 cuando el Gobierno publicó la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos que tuvo como objetivo principal los RESPEL (Residuos Peligrosos) y promover el manejo ambientalmente adecuado con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente.
Posteriormente, en 2009 el Ministerio de Ambiente promulgó la famosa Resolución 371 a través de la cual se estructuró todo el componente normativo alrededor de los “Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos”.
Es decir, en menos de una década el país se puso a tono con las políticas públicas mundiales alrededor del manejo de residuos o desechos peligrosos y a su vez fijó las pautas para el manejo integral de los fármacos o medicamentos vencidos y posconsumo, osea, aquellos que permanecen en empaques o envases ya usados.
Como si lo anterior no fuera suficiente, las autoridades lanzaron alertas en torno a la falsificación de medicamentos, un problema que ya está en el radar de La Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que en países en vías de desarrollo la falsificación puede llegar a ser del 70% de los medicamentos que circulan en el mercado. Esto, en parte porque los delincuentes usan productos vencidos para comercializarlos de forma clandestina o en otros mercados o para empacar falsificaciones.
Otro problema derivado de no manejar adecuadamente la disposición final de los medicamentos y que terminan en la basura de una casa está en el documento elaborado por funcionarios del grupo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente y al que tuvo acceso este medio. En éste, se muestra la preocupación existente por el aumento de los contaminantes emergentes y el hallazgo de Principios Activos (PA) de los medicamentos en el ambiente.
“Aunque los PA se encuentran en concentraciones muy bajas, se han encontrado efectos negativos sobre la fauna como la feminización de peces macho por etinil estradiol, muerte de Buitres por diclofenaco, efectos adversos de antihistamínicos sobre invertebrados acuáticos, de pentobarbital y diclofenaco sobre aves rapaces y buitres, de ivermectina sobre escarabajos y moscas del estiércol y crustáceos”, dice el documento.
Cabe recordar que los Principios Activos (PA) son las sustancias de origen animal, vegetal o sintéticas que se mezclan para la producción de medicamentos.
En marzo de 2022 el Gobierno aprobó la actualización de la “Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y su Plan de Acción 2022-2030” con el fin de continuar con el reconocimiento de las necesidades del sector y la problemática ambiental asociada a la generación y manejo de esos residuos peligrosos, con el fin de proteger la salud humana.
Al respecto, las autoridades colombianas habían detectado problemas, tanto con la generación y el manejo de esos residuos, de la siguiente manera:
“(…) con la generación, porque no se promueve suficientemente la prevención y la reducción de la generación de RESPEL y con el manejo, porque se han identificado falencias en tal sentido a lo largo de las diferentes etapas de su ciclo de vida, incluyendo la segregación, el almacenamiento, el transporte y las operaciones de manejo para su eliminación, lo que deriva en efectos negativos para la salud y el ambiente”, dice un documento RESPEL.
En síntesis, los colombianos hoy conocen una cifra aproximada de intoxicados y muertes asociadas a los medicamentos vencidos o posconsumo por cuenta de una política pública que impulsó el Gobierno y ejecutaron los propios laboratorios a través de programas de gestión de devolución de medicamentos o fármacos vencidos, algunos de ellos reconocidos internacionalmente.
Laboratorios, activismo y soluciones
El problema sobre las intoxicaciones asociadas a medicamentos vencidos y el impacto ambiental de esos residuos peligrosos no sería de interés general a no ser porque precisamente las autoridades ambientales del país y los propios laboratorios productores de fármacos se tomaron muy en serio el fenómeno y desde hace más de una década vienen aplicando correctivos.
Como se advirtió, desde 2009 existe en Colombia un programa estratégico liderado por los propios laboratorios, productores, importadores y comercializadores de medicamentos, tendiente a prevenir y reducir los daños ambientales y a la salud pública en el país. Hay que aclarar que el proceso no es voluntario, sino que fue reglamentado como una política pública.
El programa se llama Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo (PGDPP) y dicho en palabras simples, los laboratorios son los propios activistas que buscan proteger el ambiente y al ser humano de los efectos nocivos de los medicamentos que fabrican y comercializan, cuando ya están vencidos o los excedentes que conservan los envases.
Para tener una idea del problema y el impacto de la solución, basta con citar informes de recolección de medicamentos y el aparato que existe alrededor del programa.
Por ejemplo, cifras reveladas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el propio Ministerio de Ambiente, coinciden en asegurar que, entre 2012 y 2021, se recolectaron 1.690 toneladas de medicamentos o fármacos vencidos en Colombia, siendo 2012 el año de menor recolección, con tan solo 69 toneladas, y 2019 con el de mayor gestión, con 250 toneladas recolectadas, tal como lo reportó a este medio el grupo de permisos y trámites ambientales de la ANLA.
Asímismo, la ANLA informó que a la fecha existen en el país 46 planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos y/o Medicamentos Vencidos, de los cuales 39 son planes individuales y 7 son planes colectivos.
La característica de planes individuales o colectivos a los que se refiere la entidad ambiental tiene que ver con la asociación de varios laboratorios, importadores, comercializadores o farmacias que se unen para cumplir con la norma de gestión y devolución de medicamentos vencidos o posconsumo.
Es preciso señalar que la concentración de los programas de gestión no son un capricho, sino un mandato legal, ya que, por cuenta del principio de Responsabilidad Extendida al Productor, se pretende que los laboratorios asuman un grado de responsabilidad por los impactos ambientales generados por sus productos a lo largo del ciclo de vida de los mismos.
De acuerdos con cifras y registros del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se estima que en Colombia operan más de 711 productores e importadores de medicamentos.
Es por esa razón que toda la cadena alrededor de los medicamentos en Colombia, desde el productor, pasando por el importador, el comercializador, hasta llegar a las farmacias, clínicas y hospitales, integran esos colectivos que aplican los planes de gestión para la devolución de medicamentes vencidos o posconsumo.
Gracias a esa cadena tan amplia, es que el país hoy cuenta con al menos 2.593 puntos de recolección instalados en 1.102 municipios (Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Bogotá, Santander, Casanare, Cesar, Nariño y Norte de Santander), que son las zonas de mayor actividad productiva o los grandes centros urbanos donde se ubican los corredores industriales.
Aunque las cifras son importantes, algunos laboratorios y operadores se aprovechan del bueno trabajo que algunos hacen para no cumplir con sus obligaciones.
El ‘Punto Azul’ de Colombia
En el grupo de los siete planes colectivos de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos y/o Medicamentos Vencidos en Colombia, sobresale un colectivo: Punto Azul.
Punto Azul fue, inicialmente (2009), el nombre del programa posconsumo de medicamentos vencidos liderado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), pero que en 2013 migró hacia una corporación con 26 asociados.
Entre los integrantes de la naciente corporación Punto Azul aparecen marcas reputadas dentro del sector de la industria química y farmacéutica como AstraZeneca, Allergan, Bayer, Bristol Meyers, Genfar, GlaxoSmithKline, Janssen, Lafrancol, Baxter, Merck, Novartis, Procter and Gamble, Roche, Sanofi Aventis y Tecnoquímicas, solo por citar algunos.
Ese poderoso grupo que representa el 98 por ciento de la industria farmacéutica nacional e internacional, impulsó la corporación Punto Azul, que hoy lidera el programa de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos y/o Medicamentos Vencidos en Colombia.
Las cifras de ese colectivo son envidiables. En los 13 años de existencia del colectivo Punto Azul ha recolectado más de 3.200 toneladas de medicamentos vencidos y posconsumo.
Paralelo a ello, impulsan el programa de formación y certificación de 3.500 droguistas, “que tiene como meta llegar a todos los territorios del país con el propósito de formar a los actores indispensables de la cadena, para que puedan a su vez, educar al consumidor final en la importancia de hacer una correcta disposición final de envases, empaques, y medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o sin terminar”, explicaron voceros del colectivo a través de un boletín de prensa durante la celebración de los 13 años de operación.
Además, Punto Azul tiene como meta liderar la instalación de 5.000 contenedores para recolectar los envases y medicamentos vencidos o posconsumo, en cada una de las droguerías certificadas, “(…) y así evitar que las sustancias químicas lleguen a las fuentes hídricas, contaminando el medio ambiente o a manos inescrupulosas, generando problemas de salud pública por la falsificación y adulteración de estos residuos”.
Colombia, ¿Ejemplo mundial?
Si bien la puesta en marcha de los planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos y/o Medicamentos Vencidos evidenció la gravedad del problema y las amenazas a la salud pública y el medio ambiente al que están expuestos los colombianos, no todo es alarmante.
Prueba de ello es que, en la implementación de los programas de prevención y atención frente a los riesgos por desechos y residuos peligrosos en el país, surgió una oportunidad que podría convertirse en modelo internacional.
En la actualidad han ocurrido dos hechos que apuntarían en ese sentido y dejarían entrever que, en materia de manejo de medicamentos vencidos y posconsumo, las cosas van por buen camino.
Para empezar, en mayo de este año la corporación Punto Azul fue nombrado presidente de la Red Iberoamericana de Programas Posconsumo (RIPPM), durante la VIII Asamblea General realizada en México.
Esa presidencia no es de poca monta, si recordamos que, la asamblea que elige está integrada por representantes de la industria farmacéutica junto a defensores del medio ambiente y la salud. Ellos son quienes discuten soluciones sobre el manejo responsable de residuos de medicamentos y proponen iniciativas para un desarrollo sostenible.
Como si lo anterior no fuera suficiente, en 2021 Colombia ganó un premio por la formulación y puesta en marcha de los planes de Gestión para la Devolución de Productos Farmacéuticos y Medicamentos Vencidos, reglamentada a través de la Resolución 371 de 2009.
El reconocimiento fue otorgado por Future Policy Award 2021, en la categoría Premios Especiales. Ese galardón es considerado como el Nóbel a las mejores políticas de protección en el mundo en contra de sustancias químicas peligrosas.
Ahora bien, así como Punto Azul es un modelo a seguir, las investigaciones y sanciones que la Anla ha adelantado en los últimos años contra algunos laboratorios y operadores, revelarían que no todos está haciendo bien su tarea y que por el contrario, por ejemplo, usan los planes, contenedores o sitios de recolección de su competencia para hacerles creer a las autoridades que hacen parte de su red. El caso más claro es el de San Andrés y Providencia, donde solo opera Punto Azul, pero otros como la Fundación Bioentorno, reportan actividades en las islas sin tenerlas.
Ojalá esos reconocimientos se conviertan en la semilla que necesita Colombia para erradicar por completo las amenazas que subsisten por cuenta del manejo inadecuado de medicamentos vencidos y posconsumo, un flagelo silencioso que amenaza la salud pública y el medio ambiente. Pero también, para que el ministerio del Medio Ambiente y la Anla actúen de forma contundente contra quienes les están haciendo trampa a los colombianos.
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